¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia

¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia
Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?”
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.

-La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos.
-Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
-Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos.
-Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países.
-Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.
-Esta expansión de las empresas delictivas se gestiona con el fin de obtener insumos, para luego establecer capacidades de producción y distribución para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países.
-Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional.
-Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu.
- México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
-En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
-En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves.
-La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
-Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor.
-Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
-Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
-La cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
- La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.

SINTESIS
La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional. Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos. Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos y grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos.Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.La actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados.No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida. Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados. Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada. La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada.Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados. Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos. La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.

Artículo 2: “Seguridad Humana: La transición hacia una democracia con Estado de Derecho”
El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
-México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen.
-La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional.
-Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública.
-La corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.
-México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.
-La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho.
-Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México.
-La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados.
-Proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.
-Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.
-Acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicana
-La prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios.

SINTESIS
México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen, ante este horizonte el gobierno de Peña Nieto si está obligado a regular la corrupción que se organiza desde del poder político.La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional. Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública, dada la naturaleza humana y los siempre escasos recursos disponibles, pero en un rango de preferencias sociales; la corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.Si bien desmantelar y prevenir a la delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estado y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México. De esta manera no se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenido y menos todavía un sistema político estable.La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las judiciales, hasta hoy mal implementadas por falta de acuerdos políticos.Las empresas de criminales proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.El primero problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales, patrimoniales y socialmente preventivos.El segundo problema políticamente relevante será acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicanaLa prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios, tal como la trata de personas, la explotación sexual de menores y los secuestros y extorsiones que se encuentran fuera de control.