Ensayo sobre la violencia en México
"La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve"
- Martin Luther King
Se entiende por violencia a aquellos actos que tengan que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física y que tenga por resultado la generación de un daño sobre esa persona u objeto de manera voluntaria o accidental. La violencia es uno de los actos más comunes del ser humano y es difícil determinar a ciencia cierta si el ser humano es capaz de vivir en sociedad sin ejercer ningún tipo de violencia. La violencia puede, además, ser ejercida por una persona sobre sí misma.
Uno de los problemas más grandes que sufre México es el de la violencia. Sin embargo, no se puede acabar por completo con esta problemática, si se puede controlar, cosa que México no ha podido lograr a lo largo de estos últimos años. Esto se debe a que el país tiene una falta de organización y una errónea percepción de los valores, esto se da desde los funcionarios públicos hasta sus ciudadanos.
Una de las principales fuentes de la violencia es la corrupción, ya que dicha problemática es para el país un valor agregado, el cual se usa a diario y lo que hace mas difícil de controlar.
El primer mandatario de nuestro país, Enrique Peña Nieto, reconoce esta problemática y demuestra su preocupación y busca apoyo para erradicar este problema social desde la raíz; como lo menciono en una entrevista: “El verdadero problema de México es la violencia. La legalización de algunas drogas no es la solución. Sin embargo, estoy abierto a que se debata. La violencia está relacionada con la falta de oportunidades y con instituciones de seguridad y justicia débiles”.
Asimismo, durante la entrevista destacó, que “uno de los principales retos que enfrenta México es devolver a sus ciudadanos la paz y la libertad que les han sido arrebatadas por la violencia”.
El gobierno de Peña Nieto, tiene como objetivo la reducción y control de los tres crímenes que más afectan a la sociedad mexicana: los homicidios, el secuestro y la extorsión, estas vinculadas a la violencia. Para lograra esto buscara una coordinación y organización entre los ciudadanos y servidores públicos. Aseguró que habrá una coordinación real y efectiva; la prevención del delito tendrá un peso mayor, al igual que la protección y respeto de los derechos humanos. Para lograr disminuir la violencia, también se busca la transformación de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Aunque el presidente ha manifestado sobre su preocupación acerca de violencia, han habido opiniones diferentes en relación al tema. Por ejemplo, la del poeta Javier Sicilia, quien dijo: "La realidad está así, sigue siendo igual de brutal y de terrible".
Esto se debe a que se ha hablado sobre una disminución de violencia en el corto tiempo de la presidencia de Peña Nieto, pero las teorías de varios expertos demuestran lo contrario, ya que se cree que la violencia no esta disminuyendo lo cual no se ve ya que la opinión publica ha sido callada y esto trae como consecuencia el aumento de los indices de violencia en el país.
Si el gobierno de Peña Nieto no toma acción, con rapidez y eficacia, una estrategia de combate al crimen, reducción de violencia, abatimiento de la impunidad y recomposición del tejido social con respeto pleno a los derechos humanos, México se podría ver en una crisis con relación directa a la violencia.
domingo, 28 de abril de 2013
viernes, 19 de abril de 2013
¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia
¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia
Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?”
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
-La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos.
-Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
-Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos.
-Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países.
-Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.
-Esta expansión de las empresas delictivas se gestiona con el fin de obtener insumos, para luego establecer capacidades de producción y distribución para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países.
-Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional.
-Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu.
- México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
-En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
-En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves.
-La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
-Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor.
-Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
-Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
-La cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
- La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
SINTESIS
La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional. Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos. Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos y grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos.Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.La actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados.No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida. Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados. Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada. La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada.Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados. Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos. La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
Artículo 2: “Seguridad Humana: La transición hacia una democracia con Estado de Derecho”
El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
-México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen.
-La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional.
-Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública.
-La corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.
-México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.
-La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho.
-Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México.
-La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados.
-Proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.
-Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.
-Acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicana
-La prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios.
SINTESIS
México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen, ante este horizonte el gobierno de Peña Nieto si está obligado a regular la corrupción que se organiza desde del poder político.La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional. Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública, dada la naturaleza humana y los siempre escasos recursos disponibles, pero en un rango de preferencias sociales; la corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.Si bien desmantelar y prevenir a la delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estado y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México. De esta manera no se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenido y menos todavía un sistema político estable.La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las judiciales, hasta hoy mal implementadas por falta de acuerdos políticos.Las empresas de criminales proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.El primero problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales, patrimoniales y socialmente preventivos.El segundo problema políticamente relevante será acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicanaLa prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios, tal como la trata de personas, la explotación sexual de menores y los secuestros y extorsiones que se encuentran fuera de control.
Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?”
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
-La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos.
-Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
-Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos.
-Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países.
-Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.
-Esta expansión de las empresas delictivas se gestiona con el fin de obtener insumos, para luego establecer capacidades de producción y distribución para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países.
-Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional.
-Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu.
- México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
-En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
-En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves.
-La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
-Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor.
-Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
-Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
-La cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
- La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
SINTESIS
La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional. Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales o bien legales pero a través de canales ilícitos. Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos y grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios. Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura en conjunto operen en todo el orbe.En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos.Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.La actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados.No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida. Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados. Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada. La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada.Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados. Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos. La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
Artículo 2: “Seguridad Humana: La transición hacia una democracia con Estado de Derecho”
El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
-México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen.
-La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional.
-Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública.
-La corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.
-México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.
-La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho.
-Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México.
-La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados.
-Proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.
-Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.
-Acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicana
-La prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios.
SINTESIS
México es el segundo país del planeta con mayor flujo de capitales del crimen, ante este horizonte el gobierno de Peña Nieto si está obligado a regular la corrupción que se organiza desde del poder político.La corrupción política debe poseer una organización para que se evite así el debilitamiento de la integridad del Estado, lo que implica la inseguridad nacional. Reducir la corrupción a cero es inviable para como objetivo de política pública, dada la naturaleza humana y los siempre escasos recursos disponibles, pero en un rango de preferencias sociales; la corrupción atomizada y desordenada que vive hoy México causa mucho más daño de inseguridad a una sociedad que la corrupción administrada y organizada.Si bien desmantelar y prevenir a la delincuencia organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estado y sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias. México se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición política hacia una democracia.La ausencia de controles patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es hoy México. De esta manera no se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenido y menos todavía un sistema político estable.La prioridad del próximo gobierno federal será la de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las judiciales, hasta hoy mal implementadas por falta de acuerdos políticos.Las empresas de criminales proveen de trabajo, créditos y mecanismos alternativos de solución de disputa a una sociedad local, divorciada del Estado mexicano e incapaz de solventar su acceso a la economía y a la justicia formal.Las políticas de seguridad humana deben de ser coordinadas a través de una política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes en México.El primero problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales, patrimoniales y socialmente preventivos.El segundo problema políticamente relevante será acordar los criterios de aplicación de los controles judiciales y patrimoniales para que operen sobre la misma élite político-empresarial-sindical mexicanaLa prioridad es siempre asignarle a todo recuerdo humano y material posible a la prevención y castigo certero de los delitos económicos predatorios, tal como la trata de personas, la explotación sexual de menores y los secuestros y extorsiones que se encuentran fuera de control.
martes, 16 de abril de 2013
Análisis de la violencia en México desde el gobierno de Peña Nieto
ANÁLISIS DE VIOLENCIA EN MÉXICO
DESDE EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO
"La realidad está así, sigue siendo igual de brutal y de terrible", dice el poeta Javier Sicilia.
Los que la sufren no la olvidaron, aunque pareciera que los medios si la olvidaron, unos arrastrados por la fuerza presidencial y la iniciativa del nuevo presidente; otros aterrados por las amenazas de los criminales. Pero los datos hablan por sí solos.
Según la Secretaría de Gobernación, en los tres primeros meses del gobierno priísta hubo 3.157 muertos en acciones vinculadas al crimen organizado. A la espera de las cifras de marzo (ahora llegan datos mensualmente), el diario 'Milenio' contó 1.025 ese mes, lo que haría un total de 4.182 desde el 1 de diciembre, una cifra comparable al sexenio anterior.
Otro punto importante es que además, regresaron las ejecuciones de alto impacto: cuatro cuerpos decapitados en dos puntos del Estado de México el 2 de marzo; 7 muertos en bar de Chihuahua el día 28; dos colgados de un puente de la autopista Chamapa-Lechería, a la salida de Ciudad de México; 7 ejecutados en dos locales de Guadalajara el domingo; nueve cadáveres desmembrados el martes en Ciudad Victoria (Tamaulipas)...
Lo más probable es que lo peor nisiquiera se vea. "El crimen organizado afianza su presencia en la vida cotidiana de los mexicanos a ritmo seguro" aunque de forma "lenta y sigilosa", señala la periodista Sanjuana Martínez. "La guerra de Peña Nieto es mucho más letal que la de Felipe Calderón porque ya ni se habla de ella". "El Pacto por México [acuerdo de todos los partidos para las reformas estructurales] incluye el manto de silencio".
El presidente ha pedido tiempo. "En un año podremos estar viendo resultados favorables, una reducción sensible" de la violencia. Pero a los ciudadanos no les queda claro en qué consiste la nueva estrategia.
Yo creo que el crimen sigue ahí, que la violencia no está terminando, sino que se está escondiendo, se infiltra en la vida diaria. Creo que muchas de las cosas que pasan ya no son publicadas como lo eran antes, que la opinión de los periodistas está siendo callada por el gobierno o por los mismos criminales, o que tal vez el gobierno tenga una alianza con los criminales en donde los dos “ganan”, pero definitivamente creo que la violencia va de mal en peor en México y esto no puede acabar a menos que las personas aprendan a vivir sin usar la corrupción como un atajo y un medio de escapatoria.
DESDE EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO
"La realidad está así, sigue siendo igual de brutal y de terrible", dice el poeta Javier Sicilia.
Los que la sufren no la olvidaron, aunque pareciera que los medios si la olvidaron, unos arrastrados por la fuerza presidencial y la iniciativa del nuevo presidente; otros aterrados por las amenazas de los criminales. Pero los datos hablan por sí solos.
Según la Secretaría de Gobernación, en los tres primeros meses del gobierno priísta hubo 3.157 muertos en acciones vinculadas al crimen organizado. A la espera de las cifras de marzo (ahora llegan datos mensualmente), el diario 'Milenio' contó 1.025 ese mes, lo que haría un total de 4.182 desde el 1 de diciembre, una cifra comparable al sexenio anterior.
Otro punto importante es que además, regresaron las ejecuciones de alto impacto: cuatro cuerpos decapitados en dos puntos del Estado de México el 2 de marzo; 7 muertos en bar de Chihuahua el día 28; dos colgados de un puente de la autopista Chamapa-Lechería, a la salida de Ciudad de México; 7 ejecutados en dos locales de Guadalajara el domingo; nueve cadáveres desmembrados el martes en Ciudad Victoria (Tamaulipas)...
Lo más probable es que lo peor nisiquiera se vea. "El crimen organizado afianza su presencia en la vida cotidiana de los mexicanos a ritmo seguro" aunque de forma "lenta y sigilosa", señala la periodista Sanjuana Martínez. "La guerra de Peña Nieto es mucho más letal que la de Felipe Calderón porque ya ni se habla de ella". "El Pacto por México [acuerdo de todos los partidos para las reformas estructurales] incluye el manto de silencio".
El presidente ha pedido tiempo. "En un año podremos estar viendo resultados favorables, una reducción sensible" de la violencia. Pero a los ciudadanos no les queda claro en qué consiste la nueva estrategia.
Yo creo que el crimen sigue ahí, que la violencia no está terminando, sino que se está escondiendo, se infiltra en la vida diaria. Creo que muchas de las cosas que pasan ya no son publicadas como lo eran antes, que la opinión de los periodistas está siendo callada por el gobierno o por los mismos criminales, o que tal vez el gobierno tenga una alianza con los criminales en donde los dos “ganan”, pero definitivamente creo que la violencia va de mal en peor en México y esto no puede acabar a menos que las personas aprendan a vivir sin usar la corrupción como un atajo y un medio de escapatoria.
lunes, 15 de abril de 2013
Corrupción, Edgardo BUSCAGLIA
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL VÍNCULO ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN A ALTOS NIVELES DEL ESTADO: MEJORES PRÁCTICAS PARA SU COMBATE
La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una ame- naza latente se extiende a la seguridad nacional de México.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada en Palermo en diciembre de 2000, es el instrumento eje para romper estos vínculos entre corrupción y delincuencia organizada. Las legislaciones internacionales y nacionales de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción deben ser vistas como instrumentos en evolución constante. En el aspecto internacional pueden destacarse los si- guientes instrumentos que complementan la Convención de Palermo:
a) La elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, de 1988, sus comentarios y regula- ción básica a través de leyes modelos.
b) La elaboración de normas regionales, como la de la Orga- nización de Estados Americanos (OEA) mediante los tra- bajos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
c) La normativa europea contra drogas y delincuencia orga- nizada,7 así como las cuarenta y nueve recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo de la OCDE a través del GAFI.
Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y para ello construyen tipos penales especiales que implican la generación y valoración de nuevos medios de prueba, por lo que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la concepción de la delincuencia organizada. Existe una razón fáctica para esta evolución normativa: nunca antes las organizaciones trasnacionales delictivas habían sido tan capaces de atentar contra las sociedades en un sentido global, afectando sus democracias, sus formas de gobierno y la seguridad de sus ciudadanos. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalización, de las nuevas tecnologías informáticas y de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destrucción masiva. Podemos afirmar que delincuencia organizada y terrorismo representan las dos más graves amenazas contra las sociedades modernas a una escala internacional que requieren de respuestas internacionales constantes y novedosas para su combate.
El tipo penal de participación delictiva organizada tiene una estructura lógica de doble piso: es un delito pertenecer a una organización que comete delitos. El primer elemento hace referencia a la participación en una organización. El segundo es que esta organización comete delitos (delitos-predicado) tales como tráfio de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión o secuestro con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. Estos delitos tienen por objeto controlar los mercados ilícitos.
Sólo existen tres tipos penales con doble estructura: participación en delincuencia organizada, lavado de dinero y la antigua asociación para delinquir, de origen francés. Los dos primeros normalmente se constituyen como delitos autónomos y tienen la intención primaria de luchar contra las organizaciones delictivas. El motivo para sancionar no está en el acuerdo previo manejado por las teorías del concepto extensivo de autor, que al momento de su primer planteamiento fueron fuertemente criticadas.
Las organizaciones de delincuencia organizada tienen un halo de protección interno fundado en las reglas del secreto absoluto de la organización (bajo la amenaza de asesinato si se viola esta regla); esto se denomina “la ley de silencio u omertá”, y solidifica el halo de protección de la actividad criminal fundado en la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia. Por lo tanto, para investigar estos elementos es necesario extraer o insertar un elemento del círculo de protección. Sólo de esta manera se puede desarrollar una investigación contra estos fenómenos delictivos.
En este contexto, los medios de prueba que, además de los tradicionales o clásicos, pueden ser usados por la autoridad y es- tán comprendidos en la Convención de Palermo son: interceptación de comunicaciones telefónicas y ambientales, operaciones encubiertas, entregas controladas, vigilancias electrónicas (que introducen elementos en la organización) y testimonios de testigos e informantes con beneficios o inmunidad, así como protec- ción de testigos, que extraen elementos de la organización.
Entre delincuencia organizada y corrupción existen relaciones profundas, a tal grado que se puede sostener que en algunos casos la corrupción representa un requisito central para la formación de la delincuencia organizada.
Los vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público (la cual puede ser entendida en sentido amplio como el perjuicio de un beneficio público para satisfacer uno privado) no son nuevos. Los grupos de delincuencia organizada han utilizado la corrupción en el sector público como ins- trumento para enfrentar a los Estados con impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez más notoria en los últimos años.
Por ello, controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales a escala mundial. En este contexto, podemos distinguir cinco di- ferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:
· En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por sólo una ocasión.
· En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictio.
· En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio. Los miembros y asociados de los grupos delictivos obtienen empleos en las agencias del orden, en las oficinas de procuración e impartición de justicia y en otras áreas, asegurándose vacantes o comprando los puestos por medio del soborno y el chantaje.
· El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras oficinas gubernamentales importantes para el grupo delictivo (jueces, zares antidroga, etcétera). Con esto, los grupos delictivos maximizan sus ganancias y utilizan el soborno y la extorsión para influenciar a la policía, los jueces y otros funcionarios claves, ganando incluso el control absoluto sobre diferentes sectores de la economía.
· El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos. También logran influir coaccionando (mediante sobornos, amenazas o chantajes) a los políticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de éstos o a la existencia de “deudas” con algunos miembros de la delincuencia organizada.
La corrupción sistemática de la burocracia pública también genera posibilida- des de una mayor infiltración de las organizaciones criminales.
Los modelos dirigidos a romper con estos vínculos simbióti- cos entre corrupción pública y delincuencia organizada suponen un nivel específico de disuasión, sistemas externos de vigilancia y estructuras de salario dentro de las dependencias del sector público, que implementen medidas tales como:
a) Promulgar urgentemente un marco normativo que regule la financiación de las actividades de las precampañas políticas, que actualmente representa un canal abierto para la “compra de políticas públicas” y la corrupción a altos niveles del Estado mexicano.
b) Activar y proporcionarle autonomía institucional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hoy se encuentra bajo el dominio de la Secretaría de Hacienda. Actualmente, la UIF no cumple con más del 50% de las prácticas internacionales plasmadas en las cuarenta recomendaciones del GAFI para combatir y prevenir el lavado de dinero, y México no cumple con ninguna de las nueve recomendaciones del GAFI para combatir y prevenir el financiamientodominiosrorismo.
c) La Secretaría de Hacienda, por temor a imponerle costos excesivos a las entidades financieras que trabajan en México, no les ha requerido que instalen mecanismos tecnológicos más avanzados para detectar patrones complejos de transacciones ilegales ligados a la corrupción, a la delincuencia organizada, y potencialmente al financiamiento del terrorismo, para así cumplir cabalmente con los convenios internacionales ratificados por México (así, por ejemplo, el Convenio de 1999 de la ONU).
d) Una menor concentración de las funciones de organización interna de la agencia gubernamental aglutinados en las manos de cada vez menos directivos, por ejemplo: jueces concentrando cada vez más roles administrativos y jurisdiccionales.
e) Una reducción en el número, complejidad y formalismo de los procedimientos administrativos, aunado a una mayor transparencia de los mismos dentro de la oficina pública que presta el servicio; por ejemplo, licitaciones abiertas en el procedimiento gubernamental.
f) La instalación de un sistema de alerta temprana que permita la detección de los patrones de casos en donde un funcionario público o dependencia pública abuse de su discrecionalidad de manera sistemática.
g) Un mejorado control de la decisión judicial para lograr una reducción de la “compra de resoluciones de jueces y fiscales” que se alimenta de la incertidumbre relacionada con la interpretación de doctrinas, leyes y reglamentos; por ejem- plo, inconsistencias encontradas en la aplicación de juris- prudencia por parte del Poder Judicial debido, entre otros factores, a los sistemas defectuosos de información de los juzgados y a la carencia de jurisprudencia en bases de datos.
Éstas y otras medidas han servido para generarle anticuerpos a las dependencias del sector público, de acuerdo con un reciente estudio que cubre a ochenta y nueve países, y para prevenir la infiltración de las organizaciones criminales en su seno.
La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una ame- naza latente se extiende a la seguridad nacional de México.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada en Palermo en diciembre de 2000, es el instrumento eje para romper estos vínculos entre corrupción y delincuencia organizada. Las legislaciones internacionales y nacionales de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción deben ser vistas como instrumentos en evolución constante. En el aspecto internacional pueden destacarse los si- guientes instrumentos que complementan la Convención de Palermo:
a) La elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, de 1988, sus comentarios y regula- ción básica a través de leyes modelos.
b) La elaboración de normas regionales, como la de la Orga- nización de Estados Americanos (OEA) mediante los tra- bajos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
c) La normativa europea contra drogas y delincuencia orga- nizada,7 así como las cuarenta y nueve recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo de la OCDE a través del GAFI.
Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y para ello construyen tipos penales especiales que implican la generación y valoración de nuevos medios de prueba, por lo que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la concepción de la delincuencia organizada. Existe una razón fáctica para esta evolución normativa: nunca antes las organizaciones trasnacionales delictivas habían sido tan capaces de atentar contra las sociedades en un sentido global, afectando sus democracias, sus formas de gobierno y la seguridad de sus ciudadanos. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalización, de las nuevas tecnologías informáticas y de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destrucción masiva. Podemos afirmar que delincuencia organizada y terrorismo representan las dos más graves amenazas contra las sociedades modernas a una escala internacional que requieren de respuestas internacionales constantes y novedosas para su combate.
El tipo penal de participación delictiva organizada tiene una estructura lógica de doble piso: es un delito pertenecer a una organización que comete delitos. El primer elemento hace referencia a la participación en una organización. El segundo es que esta organización comete delitos (delitos-predicado) tales como tráfio de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión o secuestro con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. Estos delitos tienen por objeto controlar los mercados ilícitos.
Sólo existen tres tipos penales con doble estructura: participación en delincuencia organizada, lavado de dinero y la antigua asociación para delinquir, de origen francés. Los dos primeros normalmente se constituyen como delitos autónomos y tienen la intención primaria de luchar contra las organizaciones delictivas. El motivo para sancionar no está en el acuerdo previo manejado por las teorías del concepto extensivo de autor, que al momento de su primer planteamiento fueron fuertemente criticadas.
Las organizaciones de delincuencia organizada tienen un halo de protección interno fundado en las reglas del secreto absoluto de la organización (bajo la amenaza de asesinato si se viola esta regla); esto se denomina “la ley de silencio u omertá”, y solidifica el halo de protección de la actividad criminal fundado en la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia. Por lo tanto, para investigar estos elementos es necesario extraer o insertar un elemento del círculo de protección. Sólo de esta manera se puede desarrollar una investigación contra estos fenómenos delictivos.
En este contexto, los medios de prueba que, además de los tradicionales o clásicos, pueden ser usados por la autoridad y es- tán comprendidos en la Convención de Palermo son: interceptación de comunicaciones telefónicas y ambientales, operaciones encubiertas, entregas controladas, vigilancias electrónicas (que introducen elementos en la organización) y testimonios de testigos e informantes con beneficios o inmunidad, así como protec- ción de testigos, que extraen elementos de la organización.
Entre delincuencia organizada y corrupción existen relaciones profundas, a tal grado que se puede sostener que en algunos casos la corrupción representa un requisito central para la formación de la delincuencia organizada.
Los vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público (la cual puede ser entendida en sentido amplio como el perjuicio de un beneficio público para satisfacer uno privado) no son nuevos. Los grupos de delincuencia organizada han utilizado la corrupción en el sector público como ins- trumento para enfrentar a los Estados con impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez más notoria en los últimos años.
Por ello, controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales a escala mundial. En este contexto, podemos distinguir cinco di- ferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:
· En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por sólo una ocasión.
· En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictio.
· En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio. Los miembros y asociados de los grupos delictivos obtienen empleos en las agencias del orden, en las oficinas de procuración e impartición de justicia y en otras áreas, asegurándose vacantes o comprando los puestos por medio del soborno y el chantaje.
· El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras oficinas gubernamentales importantes para el grupo delictivo (jueces, zares antidroga, etcétera). Con esto, los grupos delictivos maximizan sus ganancias y utilizan el soborno y la extorsión para influenciar a la policía, los jueces y otros funcionarios claves, ganando incluso el control absoluto sobre diferentes sectores de la economía.
· El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos. También logran influir coaccionando (mediante sobornos, amenazas o chantajes) a los políticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de éstos o a la existencia de “deudas” con algunos miembros de la delincuencia organizada.
La corrupción sistemática de la burocracia pública también genera posibilida- des de una mayor infiltración de las organizaciones criminales.
Los modelos dirigidos a romper con estos vínculos simbióti- cos entre corrupción pública y delincuencia organizada suponen un nivel específico de disuasión, sistemas externos de vigilancia y estructuras de salario dentro de las dependencias del sector público, que implementen medidas tales como:
a) Promulgar urgentemente un marco normativo que regule la financiación de las actividades de las precampañas políticas, que actualmente representa un canal abierto para la “compra de políticas públicas” y la corrupción a altos niveles del Estado mexicano.
b) Activar y proporcionarle autonomía institucional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hoy se encuentra bajo el dominio de la Secretaría de Hacienda. Actualmente, la UIF no cumple con más del 50% de las prácticas internacionales plasmadas en las cuarenta recomendaciones del GAFI para combatir y prevenir el lavado de dinero, y México no cumple con ninguna de las nueve recomendaciones del GAFI para combatir y prevenir el financiamientodominiosrorismo.
c) La Secretaría de Hacienda, por temor a imponerle costos excesivos a las entidades financieras que trabajan en México, no les ha requerido que instalen mecanismos tecnológicos más avanzados para detectar patrones complejos de transacciones ilegales ligados a la corrupción, a la delincuencia organizada, y potencialmente al financiamiento del terrorismo, para así cumplir cabalmente con los convenios internacionales ratificados por México (así, por ejemplo, el Convenio de 1999 de la ONU).
d) Una menor concentración de las funciones de organización interna de la agencia gubernamental aglutinados en las manos de cada vez menos directivos, por ejemplo: jueces concentrando cada vez más roles administrativos y jurisdiccionales.
e) Una reducción en el número, complejidad y formalismo de los procedimientos administrativos, aunado a una mayor transparencia de los mismos dentro de la oficina pública que presta el servicio; por ejemplo, licitaciones abiertas en el procedimiento gubernamental.
f) La instalación de un sistema de alerta temprana que permita la detección de los patrones de casos en donde un funcionario público o dependencia pública abuse de su discrecionalidad de manera sistemática.
g) Un mejorado control de la decisión judicial para lograr una reducción de la “compra de resoluciones de jueces y fiscales” que se alimenta de la incertidumbre relacionada con la interpretación de doctrinas, leyes y reglamentos; por ejem- plo, inconsistencias encontradas en la aplicación de juris- prudencia por parte del Poder Judicial debido, entre otros factores, a los sistemas defectuosos de información de los juzgados y a la carencia de jurisprudencia en bases de datos.
Éstas y otras medidas han servido para generarle anticuerpos a las dependencias del sector público, de acuerdo con un reciente estudio que cubre a ochenta y nueve países, y para prevenir la infiltración de las organizaciones criminales en su seno.
viernes, 12 de abril de 2013
Menores y delicuencia organizada
Menores y delicuencia organizada
Los menores representan un recur- so intergeneracional que impacta en el desarrollo humano de las naciones.1 En este contexto, las instituciones públicas tienen la obligación moral, legal e institucional de generar un bien público de protección de sus intereses, tanto a niveles de precaución co- mo de disuasión.
Lamentablemente, los menores en muchos países del mundo son víctimas de delitos graves que van desde el tráfico de seres humanos, hasta la prostitución.
A nivel internacional, los principales instrumentos a considerar son: las Reglas de Beijing de 1985, por su carácter innovador en el establecimiento de estándares mínimos en la administración de la justicia de menores; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que representa en el ámbito de protección de menores el instrumento legislativo más completo y con el mayor reconocimiento por parte de los Estados partes que la han ratificado (Somalia y Estados Uni- dos de América representan los dos únicos países que aún no han ratificado el instrumento); las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) de 1990, por su directa relación con los argumentos desa- rrollados en este trabajo. Por último, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo), y en particular su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Cabe apuntar que antes de este protocolo carecíamos de cualquier tipo de convenio internacional que protegiera a los niños contra la trata de seres humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con la resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985, aprobó treinta reglas mínimas para la administración de la justicia de menores, cono- cidas también como Reglas de Beijing.
Se puede avanzar que los principios generales se inspiran en la concepción de que una política social constructiva respecto al menor puede y debe desempeñar un rol fundamental en la pre- vención del delito y de la delincuencia juvenil.
Un punto desarrollado por las Reglas de Beijing atañe al rol de la prisión preventiva en la pena que se atribuye a los menores delincuentes.
Un año antes del Sexto Congreso de las Naciones Unidas so- bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que inició el proceso preparatorio que culminó con las Reglas de Beijing, en 1979, en coincidencia con el año internacional del niño y a iniciativa del gobierno de Polonia, se inició el proceso de elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Uno de los principios internacionalmente reconocidos para un correcto desarrollo del niño es el de su permanencia en el contexto familiar. Éste ha sido recogido por el artículo 9.1 de la Convención.
Todas las medidas legis- lativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres.
El artículo 33, que obliga a los Estados partes, a través de cualquier tipo de medidas, a proteger a los niños “contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacio- nales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la pro- ducción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
Sobre la prevención de la delincuencia juvenil, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1990 un conjunto de 66 directrices, que se denominaron Directrices de Riad,7 que aunque no se caracterizan por su valor vinculante para los Estados, se pueden considerar de sumo interés por los principios que establecen.
Entre sus principios fundamentales es necesario subrayar el que indica que los Estados deberían utilizar medidas dirigidas, entre otras, a “la creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están evidentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales”, así como a la constitución de “una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien”.
En concreto, en relación con el recurso al internamiento en centros cerrados, establece que “sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el periodo mínimo necesario.
Tanto la Convención de Palermo como sus protocolos representan los pilares fundamentales desde la perspectiva de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
La participación o el involucramiento de menores de edad voluntaria o involuntaria- mente en grupos de delincuencia organizada son fenómenos pre- sentes en muchos países del mundo desde hace ya varios años, y sin embargo, ni la Convención ni sus protocolos han incluido ningún artículo sobre la criminalización de la utilización de me- nores de edad por grupos de delincuencia organizada, ni tampoco se ha incluido como circunstancia agravante en la sanción prevista para el delito de participación en grupos de delincuencia organizada.
El Consejo de Europa ha demostrado a lo largo de las tres últimas décadas un interés particular por los fenómenos relacionados con la delincuencia juvenil, y a través de su Comité de Ministros ha elaborado y aprobado cinco recomendaciones específicamente centradas en este problema y en su posible solución.
Por ello, los expertos que han elaborado este documento confirman la certeza de que el derecho penal tradi- cional no es la respuesta apta para afrontar y solucionar el problema de la delincuencia juvenil, y recomiendan a los Estados que adopten un enfoque más estratégico, sugiriendo también nuevas respuestas posibles.
“Prevenir la delincuencia primaria y la reincidencia; (re)socia- lizar y (re)integrar a los jóvenes delincuentes; ocuparse de las necesidades y del interés de las víctimas” y considerar a la justicia juvenil como “un componente de una más amplia estrategia de prevención de la delincuencia juvenil... que tenga en cuenta el contexto general entorno familiar, escuela, vecindario, grupo de pares en el cual la delincuencia se manifiesta”.
La prevención social ha demostrado dar resultados a largo plazo, siempre que los programas hayan sido im- plementados de manera continuada y constante. En este sentido, hay que poner de relieve que el compromiso de las instituciones locales o nacionales debe ser evidente y decidido y, sin embargo, hasta la fecha, muy pocas son las acciones implementadas y lle- vadas a cabo.
Es indudable que la sensibilidad hacia los problemas en el ámbito juvenil se ha traducido en un incremento exponencial en los enfoques que apuestan por la recuperación del menor desviado en perjuicio de aquellos planteamientos puramente represivos de los fenómenos de delincuencia juvenil.
Es indudable que la sensibilidad hacia los problemas en el ámbito juvenil se ha traducido en un incremento exponencial en los enfoques que apuestan por la recuperación del menor desviado en perjuicio de aquellos planteamientos puramente represivos de los fenómenos de delincuencia juvenil.
Los menores representan un recur- so intergeneracional que impacta en el desarrollo humano de las naciones.1 En este contexto, las instituciones públicas tienen la obligación moral, legal e institucional de generar un bien público de protección de sus intereses, tanto a niveles de precaución co- mo de disuasión.
Lamentablemente, los menores en muchos países del mundo son víctimas de delitos graves que van desde el tráfico de seres humanos, hasta la prostitución.
A nivel internacional, los principales instrumentos a considerar son: las Reglas de Beijing de 1985, por su carácter innovador en el establecimiento de estándares mínimos en la administración de la justicia de menores; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que representa en el ámbito de protección de menores el instrumento legislativo más completo y con el mayor reconocimiento por parte de los Estados partes que la han ratificado (Somalia y Estados Uni- dos de América representan los dos únicos países que aún no han ratificado el instrumento); las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) de 1990, por su directa relación con los argumentos desa- rrollados en este trabajo. Por último, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo), y en particular su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Cabe apuntar que antes de este protocolo carecíamos de cualquier tipo de convenio internacional que protegiera a los niños contra la trata de seres humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con la resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985, aprobó treinta reglas mínimas para la administración de la justicia de menores, cono- cidas también como Reglas de Beijing.
Se puede avanzar que los principios generales se inspiran en la concepción de que una política social constructiva respecto al menor puede y debe desempeñar un rol fundamental en la pre- vención del delito y de la delincuencia juvenil.
Un punto desarrollado por las Reglas de Beijing atañe al rol de la prisión preventiva en la pena que se atribuye a los menores delincuentes.
Un año antes del Sexto Congreso de las Naciones Unidas so- bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que inició el proceso preparatorio que culminó con las Reglas de Beijing, en 1979, en coincidencia con el año internacional del niño y a iniciativa del gobierno de Polonia, se inició el proceso de elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Uno de los principios internacionalmente reconocidos para un correcto desarrollo del niño es el de su permanencia en el contexto familiar. Éste ha sido recogido por el artículo 9.1 de la Convención.
Todas las medidas legis- lativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres.
El artículo 33, que obliga a los Estados partes, a través de cualquier tipo de medidas, a proteger a los niños “contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacio- nales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la pro- ducción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
Sobre la prevención de la delincuencia juvenil, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1990 un conjunto de 66 directrices, que se denominaron Directrices de Riad,7 que aunque no se caracterizan por su valor vinculante para los Estados, se pueden considerar de sumo interés por los principios que establecen.
Entre sus principios fundamentales es necesario subrayar el que indica que los Estados deberían utilizar medidas dirigidas, entre otras, a “la creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están evidentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales”, así como a la constitución de “una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien”.
En concreto, en relación con el recurso al internamiento en centros cerrados, establece que “sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el periodo mínimo necesario.
Tanto la Convención de Palermo como sus protocolos representan los pilares fundamentales desde la perspectiva de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
La participación o el involucramiento de menores de edad voluntaria o involuntaria- mente en grupos de delincuencia organizada son fenómenos pre- sentes en muchos países del mundo desde hace ya varios años, y sin embargo, ni la Convención ni sus protocolos han incluido ningún artículo sobre la criminalización de la utilización de me- nores de edad por grupos de delincuencia organizada, ni tampoco se ha incluido como circunstancia agravante en la sanción prevista para el delito de participación en grupos de delincuencia organizada.
El Consejo de Europa ha demostrado a lo largo de las tres últimas décadas un interés particular por los fenómenos relacionados con la delincuencia juvenil, y a través de su Comité de Ministros ha elaborado y aprobado cinco recomendaciones específicamente centradas en este problema y en su posible solución.
Por ello, los expertos que han elaborado este documento confirman la certeza de que el derecho penal tradi- cional no es la respuesta apta para afrontar y solucionar el problema de la delincuencia juvenil, y recomiendan a los Estados que adopten un enfoque más estratégico, sugiriendo también nuevas respuestas posibles.
“Prevenir la delincuencia primaria y la reincidencia; (re)socia- lizar y (re)integrar a los jóvenes delincuentes; ocuparse de las necesidades y del interés de las víctimas” y considerar a la justicia juvenil como “un componente de una más amplia estrategia de prevención de la delincuencia juvenil... que tenga en cuenta el contexto general entorno familiar, escuela, vecindario, grupo de pares en el cual la delincuencia se manifiesta”.
La prevención social ha demostrado dar resultados a largo plazo, siempre que los programas hayan sido im- plementados de manera continuada y constante. En este sentido, hay que poner de relieve que el compromiso de las instituciones locales o nacionales debe ser evidente y decidido y, sin embargo, hasta la fecha, muy pocas son las acciones implementadas y lle- vadas a cabo.
Es indudable que la sensibilidad hacia los problemas en el ámbito juvenil se ha traducido en un incremento exponencial en los enfoques que apuestan por la recuperación del menor desviado en perjuicio de aquellos planteamientos puramente represivos de los fenómenos de delincuencia juvenil.
Es indudable que la sensibilidad hacia los problemas en el ámbito juvenil se ha traducido en un incremento exponencial en los enfoques que apuestan por la recuperación del menor desviado en perjuicio de aquellos planteamientos puramente represivos de los fenómenos de delincuencia juvenil.
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